El parque Manhattan de Comas estuvo cerca a ser convertido en un supermercado. Foto: Lima Cómo Vamos.
Espacios públicos de Lima entregados a empresas equivalen a 79 campos de fútbol
Convoca.pe detectó que a lo largo de más de dos décadas los distritos principalmente afectados son Barranco, Ancón, Independencia y Lince.
Por Luis Enrique Pérez Pinto | Miércoles, 8 de mayo de 2019
Convoca.pe, construyó una base de datos con información oficial de ocho municipalidades de la ciudad de Lima y encontró que los espacios públicos que están en manos de empresas privadas desde los noventa, equivalen 79 campos de fútbol profesional. Otros espacios están en riesgo de ser privatizados con la aprobación de los alcaldes, pero el rechazo de un sector de los vecinos. En algunas de las concesiones y convenios con las compañías se han detectado irregularidades por lo que las nuevas gestiones municipales han anunciado que suspenderán los contratos.
I. Ciudad acorralada
El 3 de septiembre del 2016, Raquel Paitán, vecina del parque Manhattan de Comas, despertó con la noticia de que un día antes la municipalidad de este distrito había aprobado la iniciativa privada para la construcción de un supermercado en más de 7 mil 600 metros cuadrados del parque donde jugaban sus hijos, en el que se reúnen los escolares de la zona para sus olimpiadas y entrenan los equipos deportivos de esta parte de Lima Norte.
Tal decisión de la entonces máxima autoridad del distrito, Miguel Saldaña, generó rechazo entre los pobladores y una disputa que se prolongó por un año y medio hasta que el alcalde dio un paso atrás y rechazó la propuesta comercial que reemplazaría al parque por un supermercado.
Así como el Manhattan, otros parques, playas y estadios se entregan en concesión en la capital del Perú, Lima, a iniciativas privadas con la aprobación de alcaldes distritales y sus concejos, pero con el rechazo de un sector importante de los ciudadanos.
Lima, con una población que supera los 10 millones de habitantes, es considerada como la una de las diez ciudades más contaminadas de Latinoamérica, según la base de datos de la calidad del aire en las ciudades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se encuentra muy lejos de cumplir con el mínimo de espacio urbano verde recomendado por la misma entidad: apenas tres de los nueve metros cuadrados por habitante que las autoridades deberían garantizar para la población.
Ante este escenario, Convoca.pe realizó pedidos de información a las municipalidades de ocho distritos de Lima donde se concentran las disputas vecinales por los espacios públicos de la capital y construyó una base de datos que permitió detectar que el área de las zonas entregadas a empresas privadas supera los 560 mil metros cuadrados, lo que equivale a 79 campos de fútbol del Estadio Nacional. Estos parques, playas y estadios han sido reemplazados por centros comerciales, estacionamientos subterráneos, restaurantes de lujo, camposantos, clubes, museos privados y zonas para juegos mecánicos a lo largo de los últimos 25 años.
Esta investigación identificó 25 iniciativas privadas, de las cuales 16 se encuentran en plena ejecución modificando las condiciones del espacio público. Los distritos con mayor cantidad de áreas privatizadas y concesionadas son Barranco, Ancón e Independencia, seguidos por San Isidro, La Victoria, Lince, Comas y Jesús María.
Como parte de esta investigación periodística denominada ‘Ciudad en concesión’, también se identificó que otros 30 mil metros cuadrados de tres espacios públicos se encuentran en la mira de ser intervenidos al haber sido declarados de interés en los distritos de Barranco, con la Playa Las Sombrillas, en La Victoria con el Parque Indoamérica, y por haber sido considerados por funcionarios municipales como posibles espacios para estacionamiento subterráneo como sucede con el parque Revilla del distrito de Lince.
II. El cemento y la protesta
Desde el 2016, en diferentes distritos de Lima surgieron movimientos de vecinos que tenían como problema común las concesiones de los espacios públicos de sus barrios que los ciudadanos consideran como suyos, pero que a causa de disposiciones municipales se estaban poniendo en concesión por el alcalde de turno.
Aunque la privatización del espacio público ha cobrado más relevancia en los últimos años, este fenómeno no es nuevo y quizá tenga su data más antigua y severa en el año 1994, cuando inició la desaparición del Parque Cánepa en la zona comercial de Gamarra del distrito de La Victoria, donde laboran más de 80 mil trabajadores y acuden más de 150 mil personas por día.
Tal como se observa en una fotografía aérea de 1985, este espacio contaba con bancas, monumento, pileta y árboles en 5 mil 700 metros cuadrados de parque, en lo que en ese entonces era un pujante centro textil que tiempo después se convertiría en el emporio comercial más importante del Perú. Años más tarde desaparecieron los árboles, el monumento y la pileta, construyéndose un centro comercial subterráneo en 1994 y una ampliación en la superficie en el 2001, el cual irónicamente aún mantiene el nombre de “Parque Cánepa”.
En 1994 se inició el proceso de privatización que terminó por la desaparición del Parque Cánepa Foto: Servicio Aerofotográfico Nacional – Google Earth.
“¿Dónde se van a reunir las personas para evacuar en casos de sismo? ¿Dónde se van a ubicar los servicios de rescate o emergencia?, eso debe ser en el parque, pero ese parque ya no existe y eso es peligrosísimo para la ciudad”, señala el sociólogo y urbanista, Gustavo Riofrío, quien critica la equivocada visión de alcaldes y empresarios respecto al espacio público.
“Tanto el sector privado como los alcaldes le están dando un valor equivocado al espacio público, ya que no es un simple terreno. El valor de un parque no es equivalente al valor del metro cuadrado de un edificio”, precisa Riofrío, quien afirma que el valor de los espacios públicos solo se puede medir por el valor que le da a la ciudad en ámbitos como la salud, el esparcimiento y la seguridad.
La última encuesta de ‘Lima cómo Vamos’ revela que en el 2018, el 50,3 por ciento de limeños estaba insatisfecho por la calidad de los parques y áreas verdes de uso público en la ciudad, mientras que entre los problemas ambientales más importantes están la falta de árboles y mantenimiento de áreas verdes. La encuesta del 2016 también reveló que el 58 por ciento de limeños se encuentra insatisfecho por el cuidado de las playas y del mar en la ciudad.
Para Mariana Alegre, coordinadora general de ‘Lima cómo Vamos’, los espacios públicos generan un valor más allá de lo económico y es ahí donde radica el problema del concepto que tienen autoridades y empresarios. “La presencia de ese tipo de espacios, de este bienestar y esta calidad de vida a su vez incrementan el valor económico de la ciudad”, afirmó.
La presencia de ese tipo de espacios, de este bienestar y esta calidad de vida a su vez incrementan el valor económico de la ciudad
Opinión similar tiene la economista y especialista en desarrollo urbano, Laura Lozada, quien señala que muchos alcaldes están viendo al espacio público con la oportunidad de sacar alguna rentabilidad financiera. “Están dejando de lado todo tipo de valorización relacionada con los servicios ambientales, culturales, deportivos y de recreación, que sí tienen muy en claro los vecinos, y solo están buscando nuevas fuentes de ingresos”, aseguró.
III. Ni límites ni transparencia
La entrega de los espacios públicos a compañías ha sido posible por las normas de promoción de la inversión privada. Su primer antecedente es el Decreto Legislativo 758, publicado en 1991 en el régimen de Alberto Fujimori, en el que se autoriza a los gobiernos locales a otorgar concesiones en los “bienes públicos”, donde se ubican parques, áreas de playa y otros espacios.
En 2003, con el gobierno de Alejandro Toledo, se publicó la Ley Orgánica de Municipalidades que permite a los gobiernos locales y provinciales “a ceder en uso y conceder en explotación” los bienes de su propiedad.
Tiempo después, en el gobierno de Ollanta Humala, se aprobó el Decreto Legislativo 1224 de las Asociaciones Público-Privadas, que permite que las municipalidades acepten iniciativas de aprovechamiento privado sobre los espacios públicos. Esa norma fue derogada y reemplazada el 2018 por el actual presidente Martín Vizcarra con el Decreto 1362 que agrega nuevos puntos pero mantiene los que permiten a los gobiernos locales la cesión de esas áreas.
Para Laura Lozada, estas normas que inicialmente fueron pensadas para grandes proyectos de infraestructura, ahora se aplican en el nivel local para el desarrollo de plataformas comerciales e inmobiliarias, permitido por municipalidades que están en búsqueda de rentas.
"Estas iniciativas encuentran gran acogida entre las municipalidades urbanas, que, en busca de nuevas fuentes de ingresos, intervienen sobre los espacios públicos, desnaturalizando el concepto de lo público", explica Lozada, quien agrega que en todas estas leyes, las municipalidades no tienen limitación alguna sobre qué espacio entregar o la dimensión del espacio a ceder al privado.
El propio marco legal acoge la confidencialidad, hasta que se declare de interés y puede pasar un año desde que se presentó el proyecto
Lozada también criticó la forma secreta en la que se realizan las negociaciones de las iniciativas privadas ya que los vecinos solo tienen conocimiento de la existencia de estos proyectos en espacios públicos cuando ya todo está previamente acordado entre la empresa y los funcionarios municipales. Este requisito de confidencialidad se encuentra en el marco legal para Asociaciones Público-Privadas.
Existen iniciativas que pretenden cambiar parques por centros comerciales, cambiando el interés público por el interés privado.
“La queja más recurrente en estos casos es el tema de la falta de acceso a la información. Cuando los vecinos van a pedir información a la municipalidad los funcionarios se niegan o señalan que no existe tal iniciativa. Esto se debe a que el propio marco legal acoge la confidencialidad, hasta que se declare de interés por el Concejo Municipal y puede pasar un año desde que se presentó el proyecto”, explicó Lozada.
Bajo la gestión del secreto, a los vecinos sólo les queda esperar que se filtre la información al interior de las municipalidades e incluso así, no logran saber qué empresas están detrás de esos proyectos, así como los posibles intereses de quienes buscan impulsar estos proyectos.
IV. Los más afectados
Barranco es el distrito que concentra la mayor extensión de espacios públicos en manos de compañías privadas. Son un total de siete áreas, entre playas, parques y un estadio, que suman más de 83 mil metros cuadrados de concesión. Entre estas zonas afectadas por iniciativas privadas se encuentran las playas Las Cascadas, Barranquito, Baños de Barranco, Los Yuyos, así como el Estadio Unión y el Parque Confraternidad (actual Museo de Arte Contemporáneo).
Otras dos playas se encuentran en riesgo de ser intervenidas por empresas. Los Yuyos -que ya tiene la construcción de un club de yates gracias a una concesión que data de 1994- estuvo cerca de ser intervenida con una nueva construcción del proyecto comercial ‘Ana María’ de la compañía Alta Mar Club SAC, que obtuvo licencia de la Marina de Guerra en el 2013 y autorización municipal en el 2017. Pero debido a las protestas de los vecinos de Barranco y la intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el inicio de obras fue paralizado y en agosto del 2017 la Marina de Guerra le retiró a la empresa la licencia por caducidad.
Situación de las playas de Barranco y las concesiones.
En el caso de la playa Las Sombrillas existe sobre ella una concesión que fue otorgada en el 2005 por el entonces alcalde Martín del Pomar, quien la cedió a la empresa Capital Propierties S.A.C. para construir un centro comercial en esa área. Hasta la actualidad, la compañía no ha iniciado las obras de construcción en la que es actualmente la única playa de Barranco.
Mientras, el distrito de Ancón es el que tiene en una sola área la mayor densidad de metros cuadrados de espacio público entregado al sector privado. El 29 de septiembre del 2016 la administración del entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entregó más de 43 hectáreas de un terreno destinado para la construcción de un parque zonal a favor de la Asociación San Juan Bautista, que tiene planes de construir un cementerio privado. Para ello se cambió la zonificación a “otros usos” y se redujo a 32 hectáreas el terreno que será destinado a parque.
Como se recuerda en el terreno ubicado, cerca al penal de Piedras Gordas, entre los kilómetros 38 y 43 de la Panamericana Norte, la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, aprobó en 2011 destinar 75 hectáreas a la construcción de un Parque Metropolitano, que se proyectaba a ser uno de los más grandes de la ciudad.
La exteniente alcalde de Castañeda Lossio, Patricia Juárez, aseguró que con la sesión de más de la mitad del área para el cementerio privado, la construcción del parque zonal “no le va a costar un centavo a la municipalidad” ya que a cambio de ceder el enorme terreno la empresa privada se comprometía a invertir US$ 10 millones para construir el parque en las hectáreas restantes y ponerlo a disposición del Servicio de Parques de Lima (Serpar).
Convoca.pe comprobó que la Asociación Civil San Juan Bautista que fue beneficiada por la gestión de Luis Castañeda con la entrega de 43 hectáreas en Ancón, está vinculada a miembros de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (Sodalitium Christianae Vitae) que fue fundada en Arequipa en 1995 por Aldo Giacchetti Pastor, filósofo sodálite, y los sacerdotes sodálites Javier Len Álvarez y Emilio Garreaud Indacochea.
Acta de Sunarp que muestra a los sodálites fundadores de la asociación beneficiada por la gestión de Castañeda
En el 2016, la revista Caretas reveló la cercanía de Castañeda Lossio a personas vinculadas al Sodalicio, ya que el exalcalde es medio hermano del arquitecto Benjamín Doig Lossio, padre de Germán Doig Klinge, que fue vicario general del Sodalicio hasta diciembre de 2001 cuando falleció en un accidente automovilístico. En una fotografía de 1972, se observan juntos a Castañeda Lossio y Doig Klinge, durante el sepelio del padre del exvicario sodálite y medio hermano del líder de Solidaridad Nacional.
Germán Doig de entonces 15 años junto a Castañeda con barba y 27 años de edad.Foto: Caretas.
La actual gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a través de la gerencia de relaciones pública de la Municipalidad, indicó a Convoca.pe que desde marzo de 2019 , Serpar realiza el trámite de recepción de la obra comprometida por la Asociación San Juan Bautista.
V. Irregularidades y omisiones en contratos
En los procesos de concesión de estos espacios públicos a iniciativas privadas, existen casos que han sido observados e incluso anulados por orden judicial al haberse encontrado irregularidades. Estos casos se registran en distritos como Independencia con la concesión del Estadio Sandro Baylón, en Barranco por la concesión del Estadio Unión y en Lince con la concesión de áreas de los parques Castilla y Ruiz Gallo a una empresa de juegos mecánicos.
En el 2013, durante la primera gestión del exalcalde de Independencia, Evans Sifuentes, el Estadio Baylón de este distrito fue concesionado gracias a la aprobación de un acuerdo de concejo que declaró de interés la iniciativa privada de la empresa Goal Proyectos Deportivos y Recreacionales SAC. por la que entregó este espacio por 24 años para la construcción del club privado ‘Activa Club’.
Sin embargo, este acuerdo se aprobó solo con mayoría simple y no con los votos de dos tercios del número legal de regidores que es lo que exige la Ley Orgánica de Municipalidades.
Esta irregularidad fue denunciada ante el Poder Judicial que en dos instancias de la Corte Judicial de Lima Norte declaró nulo el Acuerdo de Concejo 063-2013-MDI con lo que todo regresa a foja cero. Pese a la sentencia judicial, la gestión de Sifuentes presentó un recurso de casación y ahora se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Activa Club, a través de su área de imagen, indicó a Convoca.pe que la empresa no se pronunciará respecto al caso que está judicializado y que prefieren esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
También se encontraron irregularidades en el proceso que permitió la concesión del Estadio Unión del distrito de Barranco. Recientemente, el 27 de marzo de 2019, el Concejo de Barranco anuló el Acuerdo de Concejo 024-2017-MDB de la gestión del exalcalde Mezarina, que fue el origen de la entrega por usufructo de ese estadio al Consorcio Unión.
La concesión del estadio Unión de Barranco fue otorgada al Consorcio Unión de Barranco. Foto: El Comercio.
Este espacio de más de 25 mil metros cuadrados fue dado en usufructo el 11 enero del 2018 al Consorcio Unión Barranco en una polémica subasta donde, pese a ser un acto público, se evitó el ingreso de los vecinos al Palacio Municipal, lo que generó un enfrentamiento entre policías y miembros del Serenazgo contra los ciudadanos. En ese episodio violento incluso se negó el ingreso a los congresistas Jorge del Castillo y Marisa Glave.
Según el abogado Luis Molero, asesor legal externo de la Municipalidad de Barranco, el contrato firmado por la gestión de Mezarina “está viciado de nulidad” ya que el Acuerdo de Concejo 024-2017-MDB, que inició el procedimiento para la cesión del Estadio Unión, aprobó que los gerentes municipales decidieran la modalidad de disposición para la empresa privada, cuando los que debían aprobar el usufructo u otra modalidad era el concejo municipal.
Molero precisó que los gerentes solo debieron emitir un informe comparativo entre otras modalidades como la concesión, arrendamiento, usufructo u otros, para que sea decidido por los regidores del concejo municipal, por lo que afirma que los funcionarios habrían violado el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Esto también lo confirma un reciente informe de la Contraloría General de la República, al que accedió Convoca.pe, que precisa que los funcionarios de la gestión de Mezarina utilizaron la modalidad de usufructo y procedieron a la elaboración y aprobación de las bases administrativas de la subasta pública incumpliendo con la normativa vigente.
Además, se señala que el Comité de Subasta Pública formado para determinar el valor de usufructo del Estadio Unión no contó con un estudio técnico - económico que determine los costos de las inversiones y beneficios que obtendría la municipalidad, dejando al postor ganador, el Consorcio Unión Barranco, que incluya esas propuestas a su discreción.
Asimismo, el órgano de control del Estado señala que la Municipalidad de Barranco otorgó en usufructo el Estadio Unión en un valor menor al de la tasación comercial llegando a una diferencia total de unos 28 millones de soles menos que el valor real del usufructo tasado por el Ministerio de Vivienda.
Informe de la Contraloría sobre la propuesta económica del Consorcio Unión Barranco.
En el distrito de Lince también se detectaron irregularidades en el convenio firmado por la gestión del exalcalde Martín Príncipe con la empresa Family Park SAC, que instaló juegos mecánicos en áreas de los parques Castilla y Ruiz Gallo. En el convenio aprobado el 27 de noviembre del 2018, a solo pocas semanas de culminar la gestión de Príncipe, la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Lince realizó diversas observaciones.
En un informe de febrero del 2019 al que tuvo acceso Convoca.pe, la OCI señala que en el convenio no se precisó la cantidad y características de los juegos mecánicos instalados. También precisa que la empresa Family Park está cobrando tarifas sin que estos montos sean regulados por el municipio.
En los más de 3 mil 500 metros cuadrados del área cedida del Parque Castilla por la municipalidad a Family Park SAC se incluye la administración de la laguna artificial. Sin embargo, en un reciente informe de la gerencia ambiental se señala que en el convenio se omitió que la empresa se encargue del mantenimiento de la laguna, lo que constituye una "presunta falta de equilibrio en las condiciones establecidas en el convenio".
Además, un informe de Defensa Civil señala que se han encontrado riesgos para la seguridad del público que visita estos juegos mecánicos y concluye un nivel de riesgo alto para las instalaciones del parque Ruiz Gallo y de Riesgo Medio en el parque Castilla, lo que no garantiza un espacio seguro para los niños y padres de familia que visitan esas áreas.
El jueves 2 de mayo, Convoca.pe se comunicó con Sara Maldonado, gerenta general de Family Park, para que diera su descargo y pidió que se le volviera a llamar para dar su respuesta ante los informes municipales. Sin embargo, la representante de esa empresa no respondió las llamadas.
VI. El punto de quiebre
El 2016, los alcaldes de los distritos de Independencia, Comas y Lince contemplaron la privatización de parques y alamedas para proyectos inmobiliarios y comerciales, lo que ocasionó la inmediata movilización de los vecinos en defensa de sus áreas verdes.
Las iniciativas privadas como el proyecto comercial y de viviendas New Life en la Alameda Los Incas en Independencia, la construcción de un sucursal de Plaza Vea en el Parque Manhattan de Comas y los estacionamientos subterráneos en el Parque Elías Aguirre en Lince, coincidieron ese año y tuvieron la reacción de un sector de los vecinos de esos distritos, quienes se manifestaron en contra y lograron que las municipalidades desistieran de los proyecto o se paralicen por la vía judicial.
En el caso del Parque Manhattan de Comas, en el 2017 se presentó una iniciativa privada que buscó construir un centro comercial que incluía un supermercado, patio de comidas y cines, en donde actualmente se encuentran campos polideportivos, una pista atlética y espacios de calistenia utilizados por la comunidad de la urbanización San Felipe. Este proyecto fue propuesto por Supermercados Peruanos SAC, del grupo Intercorp, amparándose en el Decreto Legislativo 1224 para obtener de parte de la gestión del entonces alcalde Miguel Saldaña, más de 7 mil 660 metros cuadrados de ese parque para levantar el proyecto comercial.
A raíz del Acuerdo del Concejo 055 de setiembre de 2016 que declaró de interés la construcción del centro comercial, los vecinos se organizaron en defensa del parque y acudieron a diversas instituciones públicas. Es así como la Contraloría respondió ante el reclamo de los vecinos y emitió un informe donde se advertía que el parque, administrado por la municipalidad, no se inscribió en registros públicos por lo que no podía otorgar el uso un área que no es de su propiedad y por el que tampoco ha realizado el saneamiento legal respectivo.
Además se detectó que los 3.84 soles que la empresa ofrecía pagar por metro cuadrado estaba muy por debajo del estándar comercial de la zona ya que el precio promedio era 90 soles, al menos 23 veces más de lo ofrecido por Supermercados Peruanos S.A.
Con este informe, los vecinos exigieron al Concejo Distrital el desestimar la iniciativa privada. Así, el 14 de febrero del 2018, los regidores aprobaron por unanimidad dejar sin efecto el acuerdo de concejo que declaró de interés la iniciativa privada propuesta por Supermercados Peruanos SA.
Mientras en la Alameda Los Incas de Independencia, los vecinos de la urbanización Tahuantinsuyo rechazaron un proyecto inmobiliario ‘New Life Independencia’, que buscaba construir siete torres de viviendas con áreas comerciales en más de 28 mil metros cuadrados de ese espacio público ubicado en la avenida Túpac Amaru frente a la Estación Naranjal del Metropolitano.
La alameda Los Incas tiene 28 mil metros cuadrados de extensión y es una de las pocas áreas verdes de Independencia. Foto: Luis Pérez.
Pese a que no se había declarado de interés, la iniciativa privada de las empresas Grupo Lar y 3BL de capitales españoles, presentada en julio de 2015, se filtró entre los vecinos de Tahuantinsuyo, quienes se organizaron para exigir a la gestión del entonces alcalde Evans Sifuentes que no apruebe la iniciativa, pues consideraban que la construcción de los condominios iba a vulnerar las áreas verdes e infraestructura deportiva de la alameda.
Durante el proceso de consulta a los vecinos, la municipalidad asumió la posición de la empresa y repartió volantes en la zona de Tahuantinsuyo buscando convencer a los ciudadanos. Incluso realizó un vídeo promocional destacando la propuesta inmobiliaria y los 89 millones de dólares que las compañías Grupo Lar y 3BL planteaban invertir en la construcción de ‘New Life Independencia’.
Las protestas de los vecinos incluyeron manifestaciones frente a la casa del entonces alcalde Sifuentes y bloqueos de las vías del Metropolitano. Tras un fallido proceso de consulta vecinal de la Municipalidad de Independencia, el 28 de septiembre de 2016 el concejo edil rechazó por unanimidad la iniciativa privada sobre la alameda Los Incas.
Vecinos de Tahuantinsuyo llegaron incluso a tomar las vías del Metropolitano en rechazo a la concesión de la alameda Los Incas. Foto: Peruanos de a pie.
En Lince, en el parque Elías Aguirre de la zona 5 de ese distrito, la segunda gestión del exalcalde Martín Príncipe aprobó en julio del 2016 la declaratoria de interés del proyecto de la sucursal de la constructora española Consvial S.L. para la construcción de 400 estacionamientos subterráneos debajo de más de 4 mil 600 metros cuadrados de esa área verde, ubicada cerca a la avenida Javier Prado y a la Zona Empresarial de San Isidro.
El proyecto presentado como Asociación Público Privada fue ingresado a la Municipalidad de Lince en octubre del 2015 y se mantuvo en absoluto hermetismo hasta su declaratoria de interés en julio del 2016. En respuesta, se formó el colectivo ‘En defensa del parque Elías Aguirre’, integrado en su mayoría por mujeres que se organizaron y llenaron de carteles los alrededores del parque en rechazo al proyecto, además de realizar acciones por la vía administrativa y legal.
El principal temor sobre esta obra fue que el parque de 8 mil metros cuadrados y que alberga más de un centenar de árboles, entre tipas, cedros y ombúes, quede reducido a una plataforma con cobertura verde, pero sin sus árboles, que ya bordean medio siglo de existencia. La experiencia más cercana de estacionamiento debajo de un parque se ubica a escasas cuatro cuadras del Elías Aguirre, en el parque Cáceres de San Isidro, donde fueron talados los árboles para la construcción del parqueadero subterráneo.
Producto de la organización, las vecinas presentaron una demanda de acción de amparo que fue admitido por el Poder Judicial en octubre del 2016, lo que paralizó toda acción administrativa y de construcción. Tras más de un año paralizado por la vía judicial, en noviembre del 2018 la saliente gestión de Príncipe anunció la desestimación del proyecto.
Entre las diversas acciones en defensa del espacio público, las iniciativas legales y judiciales fueron acompañadas de promoción de actividades artísticas y deportivas, vigilancia de la limpieza pública y campañas en defensa de las áreas verdes, así como las movilizaciones hacia entidades estatales como el Ministerio del Ambiente, el Congreso de la República y la Contraloría.
Estas iniciativas vecinales se empezaron a articular en plataformas distritales y luego metropolitanas, lo que llevó a la creación de la plataforma “#16N por el derecho a la ciudad” y la coordinadora “Ciudadanos activando y defendiendo nuestros espacios públicos - Cadnep”, lo que permitió que empezaran a realizar propuestas para proteger los espacios públicos, ya no solo de Lima, sino también del país.
El parque Cáceres de San Isidro, antes contaba con frondosos árboles, ahora con un estacionamiento subterráneo es una losa de cemento. Foto: Servicio Aerofotográfico Nacional – Google Earth
VII. La ley y los espacios públicos
Producto de la tensión causada por los procesos de concesión en los espacios públicos en los últimos años, este caso llegó al Congreso de la República donde las parlamentarias Indira Huilca y Marisa Glave recogieron las propuestas de las organizaciones vecinales, entre ellas una iniciativa de ley para la gestión y protección de estas áreas.
La congresista Indira Huilca señaló que el proyecto de ley fue una autoría conjunta con los vecinos organizados en colectivos y movimientos, quienes expusieron sus casos en reuniones preparatorias. “Encontramos que diversas modalidades legales permiten la afectación al espacio público y son utilizados en muchos de los casos. Sin embargo, no existe un marco legal uniforme para la gestión y protección de estas áreas”, indicó la parlamentaria.
Las congresistas Huilca y Glave se reunieron con las organizaciones vecinales para elaborar el proyecto de ley de forma conjunta. Foto: indirahuilca.pe
La iniciativa legal busca que las concesiones no excedan el 15% del área total del espacio público y que se hagan de forma desconcentrada. El texto precisa que cualquier concesión o convenio no deberá desnaturalizar el uso público del espacio, ni limitarlo, ni condicionarlo o restringirlo.
La legisladora Huilca recordó que no existe un marco normativo nacional para la conservación de los espacios públicos, solo existen algunas ordenanzas locales, pero no como una ley que sea política pública que marque un lineamiento para la protección y una adecuada gestión de parques y playas para que su descuido no sea pretexto de cesión.
“Muchas veces los espacios públicos que son privatizados son abandonados por las autoridades con lo que se intenta convencer a los vecinos de las zonas afectadas de que solo la inversión privada podría salvar el espacio y hacerlo viable”, añadió. Huilca señaló que esta iniciativa legislativa busca dar solución a estos problemas promoviendo la participación ciudadana con mecanismos que garanticen que la voz de los vecinos sea realmente considerada por las autoridades municipales.
El proyecto cuenta con dictámenes favorables por unanimidad de las comisiones de Descentralización y de Vivienda, lo que abre paso por primera vez a la regulación sobre los espacios públicos a nivel nacional. (Dictamen Vivienda: - Dictamen Descentralización.
El urbanista Gustavo Riofrío señala que tener una legislación es vital, pero advierte que sin conciencia en la ciudadanía y sin su activismo estos procesos privatizadores podrían continuar. Recordó que, por ejemplo, las privatizaciones de las playas de la Costa Verde en Barranco “se hicieron por la legal”, donde los alcaldes recurrieron a normas de menor rango para poder otorgar las concesiones para proyectos comerciales”.
Las “voces de la conciencia vecinal” tienen que expresarse de forma organizada para exigir a sus autoridades mejor gestión de los espacios públicos, apuntó Riofrío.
VIII. Nuevos alcaldes, nuevas miradas
Pasadas las elecciones municipales de octubre del 2018 y con la juramentación de los nuevos alcaldes, varios autoridades de los distritos que han sido afectados por sesiones del espacio público a privados están replanteando el papel que cumplen estos lugares y coordinan con los vecinos de sus barrios para recuperar los espacios públicos afectados por la sesión a empresas privadas.
En declaraciones a Convoca.pe, el alcalde de Barranco José Rodríguez señaló que su gestión revisó el contrato firmado por la gestión anterior de Antonio Mezarina que entregó la administración por 25 años de los más de 25 mil metros cuadrados del ‘Estadio Unión’ al ‘Consorcio Unión Barranco’. Como resultado, encontró irregularidades en el proceso de concesión de este espacio público por lo que se tomó la decisión de anular el acuerdo inicial.
El alcalde indicó que la intención del exalcalde Mezarina fue siempre la de entregar el estadio a un privado, ya que en su primera gestión argumentó que el estadio estaba en pésimas condiciones para justificar la concesión a una compañía. Además, en el 2017, Mezarina desestimó una propuesta de la Federación Peruana de Fútbol que buscaba invertir en el estadio. “Hubieron muchas posibilidades para recuperar el lugar, pero ellos fueron en la línea de entregar el estadio a un privado”, señaló Rodríguez.
En respuesta, el Consorcio Unión Barranco calificó la nulidad del acuerdo como un acto "arbitrario e ilegal" y presentó una denuncia penal contra todos los integrantes del concejo de Barranco como coautores del presunto delito de abuso de autoridad. Además, la empresa indicó que considera que la reciente acción del municipio no altera la validez jurídica del contrato.
El representante del consorcio, Miguel Chamochumbi, dijo a Convoca.pe que en el proceso de nulidad del acuerdo de concejo “está todo mal” y que incluso es "motivo de vacancia" contra el alcalde Rodríguez ya que la municipalidad está impidiendo el ingreso a un bien que es de posesión del consorcio.
A pesar de las críticas, Chamochumbi agregó que tiene la voluntad de reunirse con el alcalde para que se subsanen las irregularidades que se hubieran presentado en los procesos administrativos de la gestión anterior. "Estamos dispuestos a lo que quieran para poder inaugurar el estadio", finalizó.
Sobre la situación de la playa Las Sombrillas, que tiene una concesión desde hace 16 años, el alcalde de Barranco Rodríguez precisó que será revisada porque hasta el momento el área no tiene ningún tipo de mejora, ya que la empresa Capital Properties SAC, a la que fue concesionada, no ha realizado ninguna inversión.
“No encuentro justificación para que tengamos que amarrar un espacio de uso público y tengamos que postergar el brindar un servicio a la comunidad simplemente porque el espacio está concesionado. No lo usa el inversionista ni lo usa la municipalidad”, señaló Rodríguez. Convoca.pe solicitó la versión de la compañía Capital Properties SAC pero no hubo respuesta.
Al norte de Lima, en Comas, la Subgerencia de Acreditación de Organizaciones Sociales de la municipalidad de este distrito, confirmó que la empresa More Grass Company EIRL incumple el convenio firmado con la comuna en el 2017 durante la gestión el exalcalde Miguel Saldaña. La empresa se comprometió a instalar y administrar un campo de grass artificial en la zona de la loza deportiva del Parque Primavera. Sin embargo, lo que hicieron fue tomar la zona central del parque para instalar el campo artificial, destruyendo las bancas, los caminos y el monumento ubicado en ese espacio público.
El parque Primavera fue reemplazado por un campo de fútbol artificial y un restaurante. Foto: indirahuilca.pe
En el convenio, la empresa More Grass se comprometió al mantenimiento de las áreas verdes, el mejoramiento de la periferia del parque y la instalación de juegos infantiles, lo que no ha sido cumplido por la empresa, ya que el pequeño parque Primavera fue prácticamente eliminado. La nueva gestión del alcalde Raúl Díaz planearía revertir la situación. En declaraciones a Convoca.pe, el regidor de Comas, Richard Arroyo, señaló que la mayoría del concejo está de acuerdo en verificar el cumplimiento del convenio y de afirmarse que no ha sido cumplido se pedirá su nulidad y se trabajará por recuperar el espacio con su función original.
En respuesta a este medio, el gerente de More Grass, Anthony Pajuelo Alor, admitió que la empresa no ha cumplido con los acuerdos a los que se había comprometido y señaló que el motivo se debe a “la falta de liquidez” de la compañía, ya que considera que no se están generando los ingresos previstos por el alquiler de la cancha deportiva.
Muy cerca, en Independencia, la municipalidad de este distrito se está preparando para replantear las condiciones por las que se concesionó el terreno del Estadio Sandro Baylón para ser convertido en el club privado Activa Club. En el 2013, durante la primera gestión del alcalde Evans Sifuentes, se aprobó la iniciativa privada para concesionar esa área de 24 mil 982 metros cuadrados que contaba con tribunas, camerinos y un grass artificial en buenas condiciones.
Fuentes municipales señalaron a este medio que la casación no va a proceder y se mantendría la nulidad del acuerdo que concesionó el estadio, lo que causaría que la gestión del actual alcalde José Pando tenga que declarar automáticamente la nulidad de la iniciativa privada, la que sería reformulada. Esto puede abrir paso a la suscripción de un nuevo convenio entre la municipalidad y la empresa Activa Club.
Mientras en Lince, voceros de la gestión del alcalde Vicente Amable señalaron que están en proceso de revisión y evaluación de todos los contratos y convenios para determinar si estos deben modificarse o anularse. Entre ellos aparece el convenio vigente entre el municipio y la empresa Family Park suscrito en las últimas semanas de la gestión del exalcalde Príncipe.
Los voceros de la nueva gestión agregaron que el convenio no ha significado beneficios tangibles para la comunidad. Por el contrario, ha afectado árboles de los parques Castilla y Ruiz Gallo que han tenido que ser talados. Además, indicaron que el convenio está bajo la mira de la Oficina de Control Interno (OCI) del municipio.
Al ser consultado por Convoca.pe sobre la afectación a los árboles de esos parques, el gerente de servicios ambientales de Lince, Guillermo Gonzales, indicó que la municipalidad está planteando una ordenanza que ampliará el concepto de protección del área verde y especificará algunos aspectos para evitar las concesiones en los espacios públicos.
A más de 480 años de la fundación de Lima y casi 200 años de su independencia, esta es una radiografía de los espacios públicos de nuestra ciudad capital en medio de disputas, concesiones en secreto y nuevas miradas para preservar los lugares de encuentro y de conexión de los ciudadanos.
Este reportaje tiene su origen en la tesis del Máster en Periodismo de Investigación, datos y visualización del periodista Luis Enrique Pérez Pinto 'Lima, donde los espacios públicos corren peligro', presentada en julio de 2018 ante la Universidad Internacional de La Rioja. El reportaje, publicado en Convoca.pe, fue actualizado y editado con los rigores y la técnica del periodismo de investigación.
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Investigación: Luis Enrique Pérez Pinto. Editora: Milagros Salazar Herrera. Diseño: Jackeline Cárdenas. Desarrollo web y aplicación: Anthony Atauqui y Elvis Rivera. Colaboradores: Ziad Ali Yassin y Marta Portocarrero.
